Parecía un rompecabezas imposible de resolver, pero la decisión de Adeslas y Asisa de acudir al nuevo pliego de contratación de Muface garantiza que el millón de funcionarios públicos que son mutualistas de la entidad tendrán la posibilidad de seguir recibiendo atención médica en centros y hospitales privados. Ellos y sus familiares directos —cónyuges e hijos a cargo—. En total, un colectivo de 1,53 millones de personas que lleva desde octubre sin saber qué ocurrirá con ellos. Sin saber si podrían seguir con su tratamiento médico en la misma clínica o si podrían mantener las consultas con sus especialistas de referencia.
