De los primeros pasos de Glovo en 2015 a la renuncia a su modelo de falsos autónomos en 2024 ha llovido mucho. Muchísimo. De millones de euros en sanciones y cotizaciones impagadas a la Seguridad Social a un acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal para poner coto a las prácticas de la compañía de reparto a domicilio, pasando por una ley que aterrizaba ese compromiso, una sucesión de sentencias judiciales a favor de los repartidores, otra del Supremo que unificaba posición, un cambio en el Código Penal y, finalmente, una investigación que sentará al máximo responsable de Glovo ante el juez este martes.