El Defensor del Pueblo, que desde hace un año investigaba a las urbes que no han instalado todavía sus zonas de bajas emisiones (ZBE), ha emitido este jueves sus recomendaciones al respecto. La institución, cuyo titular es Ángel Gabilondo, considera “injustificados” los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado sus áreas de tráfico restringido. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, las 151 urbes españolas más pobladas deberían contar con una de estas áreas el 1 de enero de 2023. Por ahora, poco más de una veintena las tienen activas, la gran mayoría se encuentran en trámite, e incluso unas pocas se han declarado en rebeldía frente a la ley.