Entre los vericuetos del Estado se encuentra la comisión interparlamentaria de crédito público. Tres senadores y tres representantes a la Cámara tienen la llave para permitir al Gobierno endeudarse, un aval que suele ser un formalismo, un requisito de papel. Pero si la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se tensa, como ha ocurrido en esos dos años largos de Gobierno de Gustavo Petro, se convierte en un peaje de un valor incierto. Eso ha ocurrido: este lunes, pese al afán del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por obtener un permiso, la reunión fracasó por falta de cuórum. Y no había suficientes congresistas porque dos de ellos, envueltos como Bonilla en una investigación por la presunta compra de votos justamente en la comisión, han renunciado a ese cargo.