El exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y otros tres antiguos altos cargos del sindicato han sido condenados a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros, respectivamente, como autores de un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de fraude de subvenciones por la “aplicación consciente y fraudulenta de fondos recibidos en concreto de subvención para la realización de cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas a fines distintos y de los que ha dispuesto UGT-A para financiar actividades propias del sindicato”, según se semana en la sentencia redactada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. La cantidad defraudada asciende a 40.620.256,3 millones de euros entregados por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013.