Para un país como Colombia, la política de drogas no es solo un asunto más. Y lo que hace Colombia importa para la región y para el resto del mundo. Atraviesa la economía, la seguridad, la paz y la estabilidad. Tras décadas de un enfoque de prohibición y castigo, en 2022 recibimos con entusiasmo las promesas de Gustavo Petro de dar un vuelco a la política de drogas. Recién electo, el presidente habló de transitar a mercados regulados de drogas, de finalizar todo riesgo de perseguir a las familias campesinas, de descongestionar las cárceles. En resumen, de un viraje radical. El entonces candidato decía en su plan de gobierno que cambiaría “el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación” y que garantizaría “la reparación integral de las víctimas”. Sin embargo, tras dos años y medio de Gobierno, con solo uno y medio restantes, hay muchas dudas sobre los avances.
