El acuerdo entre el Gobierno y Junts para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat es estratégico para el Ejecutivo, que cree que con él puede despejar la legislatura aun sin Presupuestos, pero aún no está nada claro si podrá salir adelante. El Ejecutivo, liderado por el sector socialista en esta negociación pero con el visto bueno de Sumar en este caso, ha cerrado la parte que creía más difícil: ha pactado con los independentistas la ley después de 14 largos meses de discusiones en las que el asunto del control de fronteras era el más espinoso y no terminaba de resolverse nunca. Pero ahora, una vez cerrado el acuerdo entre los dos aliados, el texto puede quedar en papel mojado si el Gobierno y Junts no convencen a sus demás socios y en especial a Podemos, que está lanzando un órdago muy claro contra la norma.
