El PP de Isabel Díaz Ayuso ha decidido emplear “todos los resortes legales” a su alcance para evitar que el gobierno central culmine su proyecto de declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo madrileño, y antes de las torturas y encarcelamientos que se ejecutaban al amparo de la dirección general de seguridad (DGS) de la dictadura franquista. Por ello, de un lado la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones contra esa decisión administrativa de recordar el dramático pasado del edificio con una placa; y del otro, el PP ha registrado una enmienda a una ley que ya se tramitaba en la Asamblea y nada tiene que ver con este tema. El objetivo de esta argucia legal es que la instalación “con carácter permanente de cualquier placa o distintivo” en la Real Casa de Correos requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Es decir, se pretende aprobar una ley para que Díaz Ayuso pueda vetar su instalación.