La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley educativa del Consell, de la que se ha tenido noticia hace unos días, es una oportuna ocasión para profundizar en los motivos de fondo a la que responde una iniciativa que ha congregado las voluntades de diputados pertenecientes al principal socio del Gobierno de la Nación, Sumar del que forma parte Compromís, y a la constelación de fuerzas políticas nacionalistas que lo apoyan parlamentariamente, como Bildu, ERC, PNV, Junts u otros, integrados el Mixto, como el BNG o Unidas Podemos. Resulta curioso, en primer lugar, que fuerzas recelosas de preservar sus ámbitos de decisión propios, ahora, quieran “desactivar” una nueva adaptación del sistema educativo valenciano a su diversidad lingüística, que venía siendo demanda desde hace años por la misma sociedad civil.