La solidez del Sistema Nacional de Salud, la alta cualificación de sus profesionales, la colaboración público-privada con la industria farmacéutica y el compromiso y generosidad de los pacientes conforman el cóctel ganador que ha hecho de España la tercera potencia mundial en ensayos clínicos, solo por detrás de Estados Unidos y China (con poblaciones, recordemos, notablemente más numerosas). Cerró 2024 como el país con mayor capacidad de atracción de investigación clínica de la UE, con 930 estudios de nuevos medicamentos autorizados, un 10% más que en 2023. En torno a un tercio se centran en las fases más tempranas y complejas, la I y la II; el porcentaje sube casi a la mitad en investigaciones oncológicas. Casi uno de cada cuatro se dedica a enfermedades poco frecuentes; uno de cada seis, a edad pediátrica. El 20% tienen origen académico, si bien muchos de ellos están esponsorizados.
Muchos buenos proyectos que buscan financiación
Al inicio de su carrera investigadora en el Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán evaluaba los proyectos que aspiraban a los fondos del organismo público de investigación en salud. “Su calidad no era muy buena; teníamos dinero pero no proyectos bien estructurados”, reconoce. Ahora ocurre al contrario: llegan muchos muy buenos que se quedan con un “favorable no financiable” por falta de recursos. La actual directora del organismo público de referencia en España en investigación en salud apela a la capacidad inversora de las comunidades autónomas para llegar donde no alcanza su instituto. Y defiende el papel de la Administración para financiar aquellos ensayos clínicos no cubiertos por la industria pero que abren vías interesantes. En concreto, su convocatoria anual Acción Estratégica en Salud —la principal herramienta para financiar la investigación biomédica y sanitaria en España— apoya cada vez ensayos más complejos, muchos de ellos en terapias avanzadas. En este punto, destaca SCReN, Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, una estructura en red de apoyo a la investigación clínica independiente/académica. También la creación de CERTERA (Consorcio Estatal en Red de Terapias Avanzadas) y la Red TERAV (Red Española de Terapias Avanzadas). “En 2024, financiamos más de 50 proyectos, con algo más de 200 millones de euros”, celebró.
La unión hace la fuerza
Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, reconoce que su comunidad autónoma priorizó necesidades sanitarias urgentes —”Cuando yo llegué a la consejería, en 2002, no había ninguna resonancia magnética pública en toda la región”, subraya—, a las cuestiones “del talento”, entre las que incluye la investigación. Hasta 2022 no creó su instituto de investigación sanitaria. “La investigación de Castilla-La Mancha eran pequeñas macetas”, comparó. Algunas muy frondosas, como el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, pero no dejaban de ser islas que investigaban cada una por su lado, deslavazadas, dispersas y sin coordinar. “Hemos pasado de tener una investigación con un carácter muy distributivo a una centrada”, remacha. Por un lado está el instituto, donde se gestionan los proyectos; por otro, la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, donde se gestiona la financiación: los 300.000 euros de presupuesto en 2015 son ahora 2,5 millones de euros, recordó el consejero. Y por último, la reciente Unidad de Investigación Clínica, que aumenta la producción investigadora con el apoyo de las dos universidades castellanomanchegas. “Veo a la investigación clínica de mi comunidad en un modelo más competitivo; nos estamos incorporando a marchas forzadas a la fase en la que deberíamos estar”, apuntilló.
