La 97ª edición de los Oscar está marcada por la polémica sobre Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans nominada a mejor actriz, quien se ha visto envuelta en una polémica debido a antiguas publicaciones ofensivas en redes sociales. Este escándalo también ha salpicado a Emilia Pérez, la película que protagoniza y que aspira a trece estatuillas, al punto de que Netflix decidió apartarla de la promoción. Aunque el narcomusical ha recibido elogios de la crítica, la presión mediática podría impactar negativamente en su recaudación. En este contexto, surge un debate sobre si los estudios pueden incluir cláusulas contractuales para protegerse de crisis reputacionales y hasta qué punto pueden investigar el historial público de sus actores.
Maldita hemeroteca
La controversia en torno a Emilia Pérez y su protagonista abre un debate sobre si las personas deberían ser penalizadas por opiniones del pasado que quizás ya no sostienen. En este contexto, David Gómez, socio director de Baylos, señala que “el derecho al olvido permite que las personas impidan la divulgación de información obsoleta o irrelevante en internet”. Sin embargo, la dificultad radica en definir cuándo esa información pierde “el interés público”, ya que “puede tener valor para fines históricos, científicos o estadísticos”. Gómez aclara que cada caso debe evaluarse individualmente.
