El acuerdo entre Junts per Catalunya y el Gobierno para dejar en manos de la Generalitat la gestión de las competencias sobre inmigración ha colocado el foco sobre las exigencias que pone el partido de Carles Puigdemont para regularizar a los ciudadanos extranjeros que pretenden instalarse en Cataluña. El objetivo es fijar por ley el grado de “catalanidad” que debe acreditar una persona para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo. Se trata de un aspecto crucial, conceden en Junts. “Sin inmigración no hay progreso”, señaló Carles Puigdemont en la presentación del pacto con los socialistas, al tiempo que advirtió que “sin integración, no hay nación”. El texto acordado con el PSOE no define ninguna exigencia de conocimiento sobre el catalán y remite al marco legal vigente, pero los de Puigdemont tiene la intención de que, una vez el Congreso de los Diputados haya validado la transferencia de las competencias, el Parlament reglamente un listado de requisitos, más severos de los que ya están en vigor ahora.
