Alejandro Alito Moreno, el polémico dirigente del PRI, ha atraído nuevamente el foco público. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del priista por el presunto desvío de 83,5 millones de pesos cuando gobernó el Estado sureño, entre 2015 y 2019. Esta nueva demanda lo pone en riesgo, por partida doble, de perder la inmunidad procesal que le da el fuero constitucional para que pueda ser procesado penalmente. El priista arrastra desde 2022 una petición de desafuero —del mismo remitente —, por el delito de enriquecimiento ilícito. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de procesar las declaraciones de procedencia, conocidas como desafuero, ha entrado en la fase final del proceso y está lista para desempolvar el expediente y emitir un dictamen en el corto plazo.