Tengo 26 años, estudio Derecho, trabajo y desde hace tres meses sé que tengo depresión. Mi psicólogo me recomendó que cogiera la baja para poder disminuir el ritmo y cuidarme, porque no estoy bien. Me presenté en el centro de salud que me corresponde para proceder a ello; sin embargo, la Administración tenía otros planes para mí. Al figurar como residente en Baleares, tan solo me pueden atender de urgencia y conceder bajas de tres días; no se me puede asignar un médico de cabecera que se haga cargo de mi situación. Con lo cual, debo volver en unos días. No he cambiado mi condición de residente, porque volver a casa desde Barcelona tiene un coste desorbitado que, en muchas ocasiones, ronda los 600 euros. Llevo todo el día debatiéndome entre renunciar a mi salud mental o poder permitirme volver a casa en Navidad. Creo que como sociedad eso es un tremendo fracaso. ¿Cómo es posible que la salud mental siga siendo un privilegio para muy pocos?