A finales de 2018, cuando empezaba el pulso entre el modelo laboral de Glovo y los juzgados, el consejero delegado y cofundador de la compañía, Òscar Pierre, admitió que “sería una faena” si les obligaban a contratar a todos sus repartidores. Seis años después —y tras decenas de sentencias, el pronunciamiento del Tribunal Supremo y la aprobación de la ley Rider, que Glovo ha estado tres años esquivando— la compañía ha anunciado este lunes finalmente, un día antes de que Pierre declare como investigado en un juicio penal, que abandona su modelo, basado en los falsos autónomos, y que contratará a su personal. Ahora, además de la faena que pueda tener la compañía para regularizar a sus trabajadores, son los propios repartidores los que lo ven de verdad como una faena.