Los sindicatos que representan a los trabajadores públicos buscan elevar la presión sobre el Gobierno para que este reaccione ante sus demandas laborales. Consumidos ya los meses de enero y febrero, la espera para negociar una nueva senda de subidas salariales para los algo más de tres millones y medio de empleados de las distintas Administraciones, una vez que en diciembre concluyó la vigencia del anterior acuerdo marco, ha llegado a un punto de alta tensión. Y no solo por el hecho de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública no haya puesto fecha todavía para que se reúna la mesa de diálogo ―que se comprometió a iniciar a principios de año―, sino porque la subida del 0,5% adicional por la inflación que contemplaba el extinto pacto tampoco se ha plasmado en la nómina de la plantilla pública. Consultada por este desajuste, una portavoz del departamento que dirige Óscar López se limita a señalar que “es un compromiso que se va a cumplir”. Pero no señala si existe un calendario planificado para llevarlo a cabo, ni si en el ministerio valoran contactar con los sindicatos próximamente.
