
La decisión de la Fiscalía de apoyar la investigación de la gestión de la dana ha desatado una tormenta política en la que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha tratado de negar la mayor desprestigiando la representación del ministerio público. Mazón ha insinuado que el hecho de que el nombramiento del fiscal general del Estado corresponda al Gobierno ha influido en la decisión de respaldar que se realicen pesquisas cuando en los tribunales hay cerca de una decena de denuncias y querellas contra la gestión de la catástrofe. Como respuesta, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado que si cree que la Fiscalía actúa de forma arbitraria contra alguien “debería demostrarlo”.