Como era de esperarse, el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez desató un intenso debate público en Colombia. Pero ha sido una discusión empañada con prácticas preocupantes de varios sectores: medios de comunicación que perfilaron a la jueza y quisieron poner en duda su imparcialidad, juristas prominentes que sugirieron juicios anticipados y la inexplicable pasividad de la propia rama judicial al defenderla de la andanada a la que fue sometida. Acciones que solo se encaminaron a erosionar la independencia de una jueza y amenazaron el Estado de derecho que se busca defender.