La juez del juzgado de instrucción número 39 de Madrid ve “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” tras denunciar Podemos que la Comunidad de Madrid habría reformado al menos siete centros de Formación Profesional fraccionando facturas para así, presuntamente, eludir los concursos públicos y poder adjudicar directamente las obras, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Por ello, reclama a la Intervención General de esta administración autonómica que le remita el informe que ya le solicitó en agosto la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de la denuncia sobre uno de esos centros que presentó el propio Gobierno regional. Del mismo modo, la juez solicita al Ministerio Público que envíe un “informe sobre la regularidad o irregularidad de las infracciones o ilegalidades detectadas, su entidad y su cuantificación”. El coste de las reformas habría superado los 2,3 millones de euros, según los cálculos del partido de Ione Berrala.